La inseguridad que vive la Argentina en la actualidad es un problema que debe asumirse para luego resolverse sin rodeos. La voluntad política de parte de los gobernantes y de la clase dirigente, es indispensable para empezar a buscar soluciones y es imprescindible dejar de lado los enfrentamientos ideológicos y doctrinarios para lograr llegar al fondo de la cuestión.
Es necesario destacar que la inseguridad es un tema transversal que afecta a toda la sociedad en su conjunto, en todas las áreas de la vida de las personas, por lo que la solución no pasa por una sola medida, sino que debe ser una batería de acciones concretas que parten del estricto cumplimiento de la ley vigente y avanza desde el mejoramiento legislativo en general.
Entre las acciones concretas debe prestarse atención al sistema educativo, tanto curricular como de infraestructura; a las conductas éticas y probas de todos; a las políticas de inclusión social y el ataque a la pobreza estructural; el respeto a los derechos humanos desde una concepción integral y en resguardo de los menores, para no creer que achacando las consecuencias en ellos, los problemas automáticamente desaparecerán.
La pérdida de valores, en especial el valor vida, es la más grave consecuencia a la que se ha llevado a los menores, ellos han sido víctimas de un sistema que los ha llevado a perder el umbral de lo bueno y lo malo, producto de años de exclusión, falta de alimentación, malos ejemplos, ausencia de referentes, falta de contención, etc..
Los menores no deben ser criminalizados ni estigmatizados, ya que la sociedad en su conjunto tiene responsabilidad por esta realidad, pero esto de ninguna manera significa que deban excluirse del sistema de responsabilidades.
Los premios y castigos, los derechos y las obligaciones/deber, la igualdad real de oportunidades, debería ser el rumbo elegido por todos para vivir en lo que podamos definir como una familia segura.
Que los menores hayan sido víctimas de un sistema, no significa que se les deba dar rienda suelta para obrar sin medir consecuencias ni responsabilidades, afectando el futuro de los demás y, en particular, aniquilando la posibilidad de futuro de ellos mismos.
Si por medio del Código Civil y Comercial recientemente entrado en vigencia en la Argentina facultamos a un adolescente a tener su propio abogado, a decidir sobre ciertos tratamientos médicos inclusive semi invasivos sobre su cuerpo, a ejercer por sí mismo acciones legales ante la presunción de su madurez -arts. 25 y siguientes del CCyC-, ejercer libremente una profesión u oficio con título habilitante; si desde lo económico se le puede dar tarjetas de débito, crédito, se lo faculta para operaciones bancarias on line, etc.; a los 16 años están en condiciones de votar y elegir los destinos del país, entre otros derechos que a diario se van incorporando, también se debe poner sobre ellos las responsabilidades pertinentes de sus actos. En especial, de los que violan la ley.
En varios países de América Latina la inimputabilidad está fijada en el piso de los 12 y 13 años -Costa Rica, Ecuador, Brasil, Uruguay, etc.-, pero también debemos recordar que ya desde el Imperio Romano la edad de dejar de ser impúber era a los 12 años y en la ley judía a los 13 años -Bar Mitzvá-, incluso en nuestro país la edad de inimputabilidad era de 13 años hasta que llegó la ley del represor Jorge Rafael Videla en el año 1980 de menores que hoy todavía sorprendentemente nos rige y que muchos pretenden defender.
No se puede analizar y buscar soluciones a la cuestión de la inseguridad tomando ello como una rivalidad entre la baja de la edad de la inimputabilidad versus la inclusión social y protección de los menores; y menos aún, pensando que con la represión se soluciona todo, ya que la experiencia mundial nos muestra que sucede todo lo contrario, a mayor represión mayor violencia de los delitos. En consecuencia, esta dicotomía es falsa y solo es el argumento para nada hacer.
¿Que es primero el huevo o la gallina? El tema de que penas aplicar a los menores es un debate que va después de establecer un nuevo piso de edad para que a los menores se les pueda aplicar penas, y recién allí se analizarán si pueden, según la gravedad de los hechos cometidos, ir desde acciones comunitarias, educativas, hasta el propio encarcelamiento en lugares exclusivamente de menores.
La reforma en el tema social, educativo, cultural, de salud, penal, penitenciario y de seguridad debe ser integral e integrada. Todas las acciones deben implementarse al mismo tiempo, porque son todas partes del mismo problema.
Un cambio de visión y mentalidad donde el menor es parte de un problema mayor que alcanza a la sociedad toda, es el camino. Los menores no son un tema aislado de la sociedad, sino que es una consecuencia, como dije antes, del actuar de una comunidad que por acción u omisión terminó en la situación de crisis terminal que se vive hoy, partiendo del tema de la inseguridad pero que se puede trasladar a otros ámbitos.
La disminución de la edad, entonces, debe ser una herramienta a utilizar como educación en una sociedad donde haya premios y castigos y donde los derechos de los menores sean respetados.
Por lo tanto esta medida es urgente; pero, debe ir acompañada con una legislación general de construcción de una visión distinta del tratamiento de los menores y en particular una ley procesal penal juvenil.
Esta ley debería permitir la adecuada defensa de los menores otorgándoles todas las garantías -aportes educativos-, como así también las obligaciones que la ley deberá establecer evitando de esta manera estar a disposición del criterio de un Magistrado, como es en la actualidad, hecho que permite las permanentes reincidencias criminales de los menores y no su reeducación y reinserción en la sociedad, como debiera ser el fin último de la ley penal.
La modificación del sistema penitenciario tanto en lo edilicio como en los programas de formación del personal deben ser revisados. Una inversión importante en edificios nuevos que no hay y un programa de formación que incluya la educación humanista del penitenciario para poder aportar ejemplo de vida y valores a los menores privados de su libertad. Las medidas deben permitir a los menores la construcción de un proyecto de vida, que los reintegre a la sociedad con posibilidades ciertas de futuro, aportando entonces en forma subsidiaria, lo que su grupo familiar no ha podido dar.
Generar políticas activas de Estado en la promoción y fortalecimiento de la familia que es el ámbito adecuado de la contención y formación de los niños, adolescentes y jóvenes; avanzar sobre el otorgamiento de la salud pública gratuita en forma universal y contención integral a las mujeres embarazadas y en los primeros años de vida de los chicos, no solamente con el aporte dinerario como limosna del parte del Estado, sino a través de una acción pluri e interdisciplinaria de contención, protección y construcción de futuro.
También es importante concretar el otorgamiento de derechos a las parejas para poder estar cerca de sus hijos en situaciones importantes como nacimientos, etapa primeros meses de vida, enfermedades importantes, eventos escolares de trascendencia. Otras medidas imprescindibles son la disminución de impuestos y los precios especiales para familias numerosas -que permitan la recreación en conjunto-, la igualdad real de acceso a la educación, la unificación de las bolsas de trabajo -para permitir el acceso de todos a las fuentes laborales-, las sanciones a los padres que no cumplan con las obligaciones sobre sus hijos -cuidado, escolaridad, etc.-.
El implementar estas y otras medidas inmediatas conformaran un nuevo cuadro situacional del país todo que permitirá garantizar mayor seguridad a la población y comenzar a fortalecer los cimientos de un plan de seguridad serio, profesional y posible, desterrando la idea de criminalizar o estigmatizar a la niñez, adolescencia y/o a la juventud pensando en la diagramación de una gran Nación donde todos, sin exclusiones, tengan oportunidad de construir su futuro de bienestar y desarrollo en paz.
Esta es una tarea de toda la sociedad en forma horizontal -Iglesias, política, ONGs, deporte, cultura, educación, producción, comercialización, sector financiero, etc.-, ya que todos los sectores de la misma tienen algo que aportar a este nuevo diseño de País.
La convocatoria debe ser ya y trabajar contra reloj para dar una respuesta satisfactoria a nuestro Pueblo. La Inseguridad no es un tema aislado y menos de blanco o negro, tiene sus matices y todas las voces deben ser escuchadas. No hay que forzar que un sector de opinión gane sobre el otro, hay que consensuar y sumar todas las propuestas ya que todas tienen una parte de razón. Mientras se dialoga y se consensúa el plan integral hay que colocar la primer herramienta de contención y protección de la sociedad en su conjunto, que es la baja de la edad de inimputabilidad a los fines de evitar que nos sigamos matando como moscas.