La economía es regulada por el Estado a favor del pueblo o por el mercado que impone las reglas, reguladas por unos pocos grupos económicos que se favorecen con esas condiciones.
Los grandes grupos les pagan los productores sumas irrisorias por sus cosechas que luego las venden a precios exorbitantes en sus hipermercados.
Los productores de frutas y verduras reciben sumas miserables de 2 a 3 pesos por kilo en caso de la chaucha o la lechuga, y luego la remarcan más del 1000 % en el mercado de consumidores minoristas, que además sufren aumentos de precios que no reciben los productores.
La zanahoria, por ejemplo, se vende a entre $ 20 y $ 35 el kilo en promedio. Así, quedó 169% más cara que hace cuatro meses, que se conseguía a $ 10,95. El kilo de tomate redondo ronda los $ 28,50 -96% más-, el de tomate perita se mueve en torno a $ 33,90 -84% más- y la lechuga criolla va de $ 32 a $ 47 según el negocio, 64% más que los $ 23 de antes.
Los aumentos han generado situaciones encontradas en la opinión pública. En noviembre ya se reflejó en la movilizaciones de las GGT y organizaciones sociales, que se sumaron a la anterior de las dos CTA, ATE y todos gremios docentes.
Estos reclamos de las bases obreras y de desocupados demuestran que una buena parte de los dirigentes sindicales están tomando cierta distancia con la política económica de la Casa Rosada.
Macri quiere que Argentina salga del Mercosur para insertarse en la Alianza del Transpacífico, una alianza comercial en la que el país va a tener que competir de igual a igual con países que tienen salarios muy bajos.
Las últimas encuestas muestran que siete de cada diez personas evalúan la economía con mal o muy mal. De ese 70 por ciento duramente crítico, la mayoría considera que el actual gobierno es responsable de lo que está pasando y, poco a poco, son cada vez menos los que dicen que la culpa la tiene el gobierno anterior.
La encuesta fue realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública -CEOP-, que dirige el sociólogo Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1200 ciudadanos de todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo, nivel socioeconómico y lugar de residencia. Las entrevistas fueron telefónicas y el CEOP hace un seguimiento, mes a mes, de las respuestas a las preguntas sobre política y economía.