En estos días el Poder Ejecutivo ha enviado al parlamento un Proyecto de Ley de Acceso a la Información pública.
La sanción de una ley de Acceso a la Información Publica es una deuda de la democracia. Actualmente se encuentra en vigencia un decreto que regula la materia, el decreto 1172/2003, un decreto firmado por el ejecutivo en un momento político e institucional convulsionado.
El partido socialista históricamente ha entendido que se hace más necesaria en el mundo moderno, atender a las quejas que derivan del contacto de la ciudadanía con la burocracia.
Es altamente favorable que el gobierno impulse este proyecto, siempre y cuando el mismo respete las garantías constitucionales y no dé cabida a que por debajo de la mesa puedan pasar ciertos privilegios para algunos.
A pesar de ello, este marco legal contribuirá al mejoramiento de la administración la que, si esta ley llegara a ser eficaz, deberá resolver los problemas que genera la burocracia del estado.
El partido Socialista acompañará el proyecto del ejecutivo, pero con disidencia en algunas cuestiones.
En primer lugar, se objeta el método de elección de quien será la cabeza de la autoridad de aplicación de la ley. Para ser más claros, el proyecto crea la Agencia de Acceso a la información pública, quien deberá velar por el cumplimiento de la ley. Dicha agencia estará a cargo de un director que durara 5 años en su cargo. El director será designado por el PODER EJECUTIVO.
Para ello el PODER EJECUTIVO propondrá una sola persona, que no necesitara para asumir sus funciones la convalidación del parlamento, hecho, que a nuestra forma de concebir la política, deja afuera la pluralidad de voces, sobre todo a las de la oposición.
De esta forma, la persona que estará al mando de la agencia que debe controlar las acciones gubernamentales es propuesta y elegida solo con participación del ejecutivo. Esta circunstancia no puede de ninguna manera ser acompañada por nuestro partido.
El segundo punto que no vamos a acompañar, es el referido a las excepciones, este proyecto es su Artículo 8 enuncia una gran cantidad de excepciones que, a nuestra visión, son demasiados. Transforma así, el espíritu de la ley y la desdibuja en su función. Principalmente el inciso ddel artículo 8, donde se enuncia que el estado queda exento de brindar información, cuando la misma comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial.
Esta situación es un tanto peligrosa, ya que de aprobarse, nada se podría hacer con respecto al acuerdo con CHEVRON, por enunciar un ejemplo.
Por eso desde el Partido se plantea la necesidad de limitar dicho inciso estableciendo que la confidencialidad debe ceder cuando está en peligro la defensa de los derechos civiles, políticos, la protección de la salud, el medio ambiente y la seguridad pública.