La Resolución 1/2016 del ENREestableció subas en los cuadros tarifarios de energía eléctrica en el orden del 500%.
Sin duda una medida de esta magnitud en un servicio público esencial tendrá un impacto gravísimo en la economía de muchos hogares argentinos. El aumento no sólo resulta ilegítimo ante un superficial análisis jurídico sino que, realizado en un marco de suba de precios de los artículos de primera necesidad, sin aumentos de sueldo y de estancamiento de la economía, suma para castigar aún más a aquellos que, sin poder acceder a la tarifa social, verán seriamente afectado su patrimonio y su calidad de vida.
La medida afecta el principio de razonabilidad constitucional, ya que afecta derechos de la Ley Suprema. No se trata de negar la crisis energética, ni la necesidad de revisar las tarifas de acuerdo al poder adquisitivo y al consumo, ni la necesidad de que se realicen inversiones en el sector, pero debe tenerse presente que la política energética tanto en el pasado como en el momento actual no es responsabilidad del consumidor, y si el Estado decide cambiar el rumbo, debe hacerlo en forma tal que los derechos sean restringidos o afectados en forma razonable, como podría haber sido un aumento escalonado de la tarifa. Cabe mencionar además que según el Régimen de Energía Eléctrica, debió haberse llamado a una audiencia pública antes de resolver sobre el ajuste tarifario.
Incluso en este marco el Estado continúa cobrando tasas en las facturas de electricidad que en algunos casos son para la realización de obras ya terminadas, como es el Fondo de Santa Cruz cuyo objetivo se cumplió en el año 2013 cuando la provincia quedó conectada al Sistema Interconectado Nacional. Por este tema desde el Partido Socialista impulsamos la derogación de la mencionada tasa y repudiamos el accionar de instrumentar un aumento desmesurado de manera drástica y sin audiencia pública.
Es fundamental que un gobierno tenga presente a su población como tal y no como meros consumidores. El tarifazo no afecta de la misma manera a una multinacional que a una PyME, o al carnicero del barrio que debe trasladar el precio a sus productos y, a su vez las familias no sólo se ven afectadas por el aumento de la electricidad que consume sino además por el aumento de la carne, pan, verdura, etc.
Es importante que con la misma velocidad que el ejecutivo decide estos aumentos, se suba el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Y preocupa que no se investigue qué hizo la empresa con los subsidios recibidos por el estado nacional. Esto garantizaría la transparencia y la calidad institucional.